“Hecha la ley, hecha la trampa, Milei vuelve a la carga contra los trabajadores marítimos, la independencia y la soberanía nacional”, manifestó la entidad mediante un comunicado ya que el Gobierno intenta restituir los efectos negativos del rechazado DNU 340/25 a través de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
“Javier Milei parece haberse declarado en guerra con la Marina Mercante. Desde el inicio de su gestión, el presidente que prometió liquidar el Estado no dejó de apuntar contra la navegación fluvial, la marina y la pesca: primero con la Ley de Bases, que incluyó un capítulo sobre la desregulación pesquera; luego con el DNU 70/23, que declaró esencial la actividad; continuó con la modificación del Régimen de Navegación (REGINAVE), que eliminó figuras históricas como la del sereno de buque y los baqueanos; y más recientemente, con el DNU 340/25, que intentó abrir las aguas argentinas a banderas extranjeras”, apuntaron en el documento.
Ahora, el sector gremial sostiene que el Ejecutivo vuelve a la carga contra los trabajadores marítimos y denunció una maniobra encubierta para aplicar medidas de apertura y flexibilización laboral que violan las decisiones del Congreso Nacional. Específicamente se trata de la Resolución 41/25 de la ANPyN, publicada el 9 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial que busca restituir, de manera solapada, los efectos del Decreto 340/25, recientemente rechazado por el Poder Legislativo.
Según detallaron en el comunicado, la medida altera el régimen de excepciones a la Ley de Cabotaje Nacional (Decreto-Ley 19.492) y a la Ley 27.419 de la Marina Mercante Nacional, reemplazando el sistema de publicaciones y consultas previas por un mecanismo de simple declaración jurad, lo que habilita la operación de buques extranjeros en tráficos reservados a embarcaciones de bandera argentina bajo el argumento de falta de disponibilidad.
"Es una maniobra que roza lo inconstitucional, que no respeta la división de poderes y que tiene la palabra negocios por todos lados. Creen que desregulando se bajan los costos laborales, ya sea en salarios o en contribuciones patronales, pero lo que en realidad hacen es vulnerar derechos individuales, colectivos, sociales y sindicales", denunció el Capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.
El dirigente advirtió que detrás de esta política hay un objetivo económico claro: "Si pusieran el mismo esfuerzo que dedican a inventar estas maniobras en generar desarrollo e industria, el país ganaría tanto que no tendrían que preocuparse por los salarios de los trabajadores. Pero no, prefieren meter tripulación extranjera en el cabotaje y eliminar los controles que protegen el trabajo argentino”.
En ese marco, explicó que la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F), que agrupa a los principales gremios del sector, elevó una nota formal a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) el 15 de septiembre de 2025, denunciando la emisión de certificados de excepción a la Ley de Cabotaje Nacional y el incumplimiento de la Ley 27.419 por parte de las empresas beneficiarias. El documento señala como casos emblemáticos los remolcadores “Lautaro C” y “GF Humaitá”, ambas unidades de bandera paraguaya, a las que se otorgaron sucesivos permisos de excepción a favor de Vessel Logística S.A., Mediterranean Shipping Company S.A. y la Agencia Marítima Nabsa S.A. para operar en puertos argentinos con tripulación extranjera, en presunta violación al artículo 30 de la Ley 27.419, que establece la obligatoriedad del embarque de personal argentino.
En su presentación, la Federación calificó la reiteración de certificados a las mismas embarcaciones y empresas como “llamativa, por no decir sospechosa”, y con preocupación solicitó a la ANPyN intimar a Mediterranean Shipping Company S.A. a cumplir con la normativa vigente, garantizando la presencia de tripulantes argentinos en los buques operativos bajo régimen de excepción.
